Reseña + Entrevista: Tú, ¡cállate!, de Laura Huerga y Blanca Busquets

Idioma original: catalán/castellano
Título original: Tu, calla!/Tú, ¡cállate! 
Año de publicación: 2018
Valoración: muy recomendable

Estamos asistiendo, últimamente en España, a un momento en el que los derechos de los ciudadanos son recortados, día tras día y de manera alarmante. Parece que en pocos años se ha abierto la veda a limitar, recortar y restringir derechos y libertades que costaron mucho conseguir, y corremos el riesgo de que en poco tiempo los perdamos de nuevo. Nos acercamos a tiempos que nos llevan a épocas oscuras de nuestro pasado, y libros como el presente sirven para encender una luz que nos despierte, que ilumine ante nuestros ojos la realidad de lo que está pasando.

Así, la obra que nos ocupa es un libro de denuncia, y su título contundente y el subtítulo que lo acompaña ya lo indican claramente. Estamos en una clara lucha entre la censura y el derecho a la libertad de expresión y manifestación. Del resultado de esta confrontación depende nuestra libertad, aunque ya avisó Angela Davis que «la libertad es una batalla constante» y, por tanto, siempre hay que estar atentos.

Con la censura como elemento nuclear, ya en las primeras páginas las autoras nos ponen rápidamente en antecedentes y narran el origen y propósitos del libro. Así empiezan mencionando la reforma del Código Penal y la Ley Mordaza, ambas aprobadas el 1 de julio de 2015 como respuesta principal a tres movimientos que ponían en jaque, a través de la desobediencia civil, un estado heredado del franquismo y regido por la constitución de 1978: el 15M, Podemos y el soberanismo catalán. A ello, hay que añadir la irrupción con fuerza de movimientos reivindicativos antifascistas, la plataforma PAH, las protestas por el soterramiento del AVE en Murcia, manifestaciones feministas...  Mucha desobediencia civil para un estado acostumbrado a atar en corto a sus ciudadanos. ¿La respuesta del estado ante el cambio de paradigma social y tanta reivindicación? Más represión, a través de un endurecimiento del Código Penal y la aprobación de la Ley Mordaza (ley criticada por asociaciones como Amnistía Internacional, Human Rights Watch, entre otras y medios internacionales como el New York Times, que afirmó que la ley recordaba a los tiempos de Franco).

Con este propósito censor y represivo, la aprobación de la Ley Mordaza es clave, ya que modificando la tipificación de algunos delitos y pasando otros a ser infracciones administrativas en lugar de penales, se elimina la presunción de inocencia; en lugar de que la fiscalía tenga que probar la culpabilidad, es el supuesto infractor quien debe probar la inocencia y hacerlo por encima de la presunción de veracidad y la discrecionalidad de los agentes policiales. Si a ello le sumamos una falta de investigación sobre las prácticas que llevan a cabo los cuerpos y fuerzas de seguridad, tenemos un sistema policial regido por una gran dosis de impunidad. La propia ONU ya denunció la manera en la que la ley estaba redactada y el peligro que suponía debido a la restricción del derecho a la libertad de expresión que implicaba; también, en un artículo escrito por «UN experts», se avisaba que «tal y como están definidos los crímenes, podrían criminalizar aquellos que convoquen manifestaciones pacíficas». El resultado y el ejemplo más evidente de esto es la detención y acusación de rebelión a Jordi Cuixart y Jordi Sánchez, por haber participado en una manifestación pacífica. A día de hoy, siguen en prisión provisional, sin haber sido juzgados aún, más de un año más tarde de aquellos hechos.

En un escenario geopolítico como en el que nos encontramos, la situación de alerta terrorista que vive Occidente y en concreto España fue utilizada por parte del gobierno para instrumentalizar el miedo y el populismo, aprobando una ley que tenía también como propósito atacar directamente la libertad de expresión y coartar las libertades de los ciudadanos. Así, una interpretación sesgada sobre lo que es «Terrorismo e incitación al terrorismo» sirve al aparato estatal para criminalizar la actuación, por ejemplo, de los CDRs (Comités de Defensa de la República) y convertir manifestaciones pacíficas en posibles actos de terrorismo. Como ejemplo, la acusación de terrorismo a dos personas (Adrià Carrasco y Tamara Vila) por el simple hecho de levantar las barreras de un peaje en una acción de resistencia pacífica. Pero no únicamente el aparato represor se escuda en unas leyes ambiguas y difusas, sino que también tiene el soporte y complicidad de los medios de comunicación afines al poder, que crean un relato de violencia (incluso antes de que haya detenciones) para justificar acciones posteriores. Los medios difunden miedo a través de mentiras, el estado actúa. Todos perdemos. Así, la estrategia es clara: se crea la noticia acompañándola de lenguaje bélico, se genera un ambiente donde la opinión pública consienta cualquier medida, y luego se aplica la (supuesta) justicia. La prueba del endurecimiento del código penal es que ha habido más sentencias por enaltecimiento del terrorismo después de la renuncia definitiva de ETA a las armas que antes de ese hecho.

La consecuencia directa de ello no es únicamente la censura ejercida por el estado, sino también la propia autocensura. Y es que la detención de hasta 76 personas entre 2014 y 2016 por comentarios en Twitter tienen como objetivo este efecto autocensor, en claro detrimento de la libertad de expresión. Como ejemplo evidente está el de Cassandra, acusada de enaltecimiento del terrorismo por tuitear un chiste sobre Carrero Blanco. La autocensura aplicada por un doble motivo: por el posible procedimiento judicial penal, pero también por el perjuicio que causa el mismo al implicado en su vida laboral, a su estado de salud, etc. En los casos tratados, sea el acusado absuelto o no, en el propio proceso ya está el castigo.

Algo similar ocurre con la incitación al odio; la ley fue creada pensada para proteger grupos vulnerables o tradicionalmente discriminados o minorías desamparadas o en riesgo de exclusión social. Sin embargo, no ha sido así, atribuyendo delitos de incitación al odio a los críticos contra la policía nacional, el PP o la Monarquía, todos ellos estamentos en clara posición dominante y lejos de encontrarse en una situación de vulnerabilidad. Hay cargos por delitos de odio a propietarios de un restaurante por negarse a servir a la policía tras el referéndum del 1O, o un civil que se puso una nariz de payaso al lado de un policía. Y la diferencia de trato es aún más evidente si nos fijamos en una cierta impunidad del que la extrema derecha parece gozar por parte de la policía, fiscalía y sistema judicial. Una impunidad que tiene como resultado una ayuda a favor de la represión.

En el capítulo dedicado a la ley mordaza se habla de la facilidad con la que las críticas a los estamentos policiales se transforman en faltas de respeto con las consiguientes multas a quien las realiza. Y todo ello también se hace extensivo al colectivo de periodistas, que son obstaculizados por hacer su labor, atentando contra la libertad de información. Hay que poder ser crítico con el sistema, pues en caso contrario nos acercamos demasiado a un estado totalitario. El libro destaca varios casos de aplicación restrictiva de la ley mordaza, con multas a periodistas y manifestantes, con un objetivo claro que vas más allá del castigo puntual: el objetivo final es el de atemorizar y avisar al resto de la población; si haces esto, te ocurrirá lo otro, así que cuidado. Así, se veta el debate, se elimina el pensamiento crítico, se restringe la opinión, se censura la discrepancia, se criminaliza la disidencia.

El libro también trata sobre las consecuencias de todo ello, que consisten principalmente en un aumento de la represión hacia la libertad de expresión que conduce a la autocensura, y la represión de la libertad de manifestación conduce a la desmovilización. De hecho, Amnistía Internacional explica de manera clara que manifestarse es un derecho y que “las autoridades tienen una obligación positiva de facilitar el desecho de reunión”, ¿ocurre así en España? De hecho, el propio Tribunal Constitucional afirma que “el espacio urbano no es solo un ámbito de circulación, sino también un ámbito de participación, por lo que cualquier corte de tráfico o invasión de calzadas producido por el curso de una manifestación puede incluirse en los límites del artículo 21.2 CE.”. ¿Con lo que afirma el TC, sería entonces terrorismo cortar una autopista? No debería serlo, pero actualmente podríamos ser acusados de ello. El resultado de ello es un exceso de autocensura en la población, convirtiéndonos nosotros mismos en represores de la libertad de expresión.

El libro está repleto de ejemplos que ponen en evidencia esta interpretación abusiva, sesgada e interesada de la ley, además de los ya mencionados anteriormente. Así nos habla de los casos de Pitu y Apurtu.org, Valtònyc, Ermengol Gassiot, y Cesar Strawberry, Pablo Hásel, los chicos de Altsasu, Willy Toledo, la criminalización de los CDRs, la existencia de presos políticos catalanes y denuncias contra profesores por hablar de los hechos del 1 de octubre, entre muchos otros casos.

A pesar de ser un ensayo con gran trasfondo jurídico-legal, las autoras han conseguido redactarlo de manera sencilla, haciéndolo totalmente accesible a cualquier lector, y es de agradecer, pues no parecía tarea fácil. Además, se nota el gran trabajo de documentación realizado, pues se nombran y se explican múltiples casos donde se hace evidente este retroceso en los derechos humanos. Se trata, por tanto, de un libro muy necesario en el que se pone de relieve la deriva represora de un estado que, en lugar de adaptarse a las demandas de la sociedad a la que debe dar respuesta, opta por intentar acallarla. Independientemente de la posición política que se tenga, el libro es necesario porque habla de algo que, ideología política aparte, nos concierne a todos: el derecho a la libertad de expresión y manifestación. Y aunque retrata casos ocurridos en el estado español, el libro también puede ser de interés para aquellos que, desde fuera, quieran ver lo que actualmente ocurre en España, una de las supuestas democracias avanzadas. Así estamos.

Y para profundizar un poco más sobre el momento en el que nos encontramos, hablamos con una de sus autoras, Laura Huerga, que amablemente ha aceptado participar en esta breve entrevista:

¿En qué momento decidisteis lanzaros a escribir sobre esta temática? ¿Cuál fue el detonante?
La acumulación de casos en un tema tan delicado como el de la libertad de expresión y que, como editorial, es nuestra obligación defender con más ahínco incluso. Era un listado que, al principio pretendía ser una enumeración de injusticias, y que se acabó convirtiendo en una voluntad expresa de querer conocer nuestros derechos y entender las leyes que los vulneran. También nos interesaba saber quién o qué intereses podría haber detrás.

En una sociedad donde constantemente vemos nuevos casos de censura, debe ser difícil escoger un momento en el cual terminar el libro. ¿Cuál fue el motivo final que os dijo "tenemos que sacarlo ya"?
Teníamos la sensación de que para que el libro sirviese de algo, tenía que salir pronto. Pedro Sánchez había prometido la derogación de la ley mordaza y cuando empezó el debate en el Congreso ya sólo se hablaba de posible reforma. El libro pretende concienciar sobre la necesidad de la derogación para recuperar derechos humanos fundamentales como la libertad de expresión y de manifestación, aunque en realidad sólo es una de las cosas que se tendrían que hacer para proteger estos derechos.

En el libro comentáis, mencionando la tesis de Naomi Klein, que los gobiernos aprovechan momentos de crisis en los que la sociedad está centrada en salir adelante para implantar medidas poco populares. ¿Creéis que la sociedad ha apartado la mirada ante los abusos, o incluso hay cierta parte de la sociedad que, por ignorancia o incluso por interés, ha callado ante los recortes sobre la libertad?
El gobierno español lo ha utilizado de tal manera que parecía que siguiera las instrucciones de la propia Klein como si fuera un manual de la represión. En cuanto al resto de nosotros, siempre hay motivos por los que callar, sin duda. Desde el riesgo personal hasta el interés. Desde el miedo al otro hasta la explotación de una situación de vulnerabilidad de ese mismo otro. Pero callar ante estas injusticias es lo mismo que ejercerlas. Es consentir. Es legitimar.

Tras la publicación simultánea en catalán y castellano, ¿el público lo ha recibido de igual manera?
En catalán ha funcionado mucho mejor que en castellano, pero es cierto que el apoyo de la prensa catalana ha sido imprescindible para su difusión. Es algo que aún tendríamos que trabajar en la edición castellana, así como la presencia de actos fuera de Cataluña que ayudarían también.

Este libro se ha publicado en un momento en que la situación se estaba haciendo ya insostenible, pero tras el auge de partidos como VOX parece que no estamos aún en el peor momento. ¿Creéis que en un corto plazo de tiempo será necesario sacar un nuevo volumen para denunciar nuevos casos?
A cada nueva noticia tomamos notas para actualizar los contenidos. Lo cierto es que algunos de los casos han tenido alguna actualización, pero no es relevante para el hilo que sigue el relato. Los casos nos ayudan a explicar los agujeros, vacíos, vaguedades y errores, tanto de la ley mordaza como de la reforma del código penal. Y dado que sigue pasando con otros nombres y en otros sitios, el discurso sigue teniendo el mismo interés.

Pregunta final, y hablando de autocensura, ¿os ha influenciado de algún modo a la hora de escribir el libro? ¿Os habéis autocensurado o lo habéis escrito con total libertad?
No nos hemos censurado y hemos realizado un ejercicio de autocrítica muy intenso para que así no pasara. Nuestro editor incluso nos hizo una broma, señalando un párrafo que no desvelaré, sobre qué tipo de pastelitos preferíamos que nos llevara a prisión. A veces el humor es el único revulsivo que nos queda.