Libros, piratería y ley Sinde (1)

El reciente rechazo en el Congreso de la popularmente conocida como "Ley Sinde" (en realidad, una "disposición adicional" de la Ley de Economía Sostenible) ha provocado una cascada de artículos, declaraciones y manifestaciones por parte de creadores, políticos e internautas (algunas, pocas, moderadas y razonables; otras, la mayoría, maximalistas, simplistas, populistas; unas pocas, como las de Alejandro Sanz o Javier Bardem, directamente insultantes). Yo ya he expresado mi opinión al respecto en varias ocasiones en mi blog personal (la última, aquí), y sé que otras personas que colaboran en este blog también lo han hecho (por ejemplo, Guillermo). Pero en Un libro al día no hemos hablado del asunto, y creo que este podría ser un buen medio para que nosotros, y quienes nos leen, diésemos razonadamente nuestra opinión al respecto.

Un asunto que debe quedar claro, y que los debates apasionados de estos días ocultan, es que se puede estar a favor de los derechos de autor y en contra de la Ley Sinde; de hecho, se puede estar a favor de legislar o regularizar de alguna manera las descargas, y el derecho de los creadores a recibir alguna compensación por ellas, y estar en contra de la Ley Sinde. Es decir, que en la vorágine de artículos, protestas y declaraciones de estos días se mezclan dos debates que conviene distinguir:

1. Estar a favor o en contra de la Ley Sinde, tal y como se debatió y se votó en el congreso
2. Estar a favor o en contra de los derechos de autor, o mejor dicho, de que exista una compensación económica para los creadores

Comencemos, por lo tanto, por la Ley Sinde. ¿Qué proponía, en resumidas cuentas, la "disposición legal segunda"? Pues modificar el procedimiento mediante el cual se pudieran cerrar páginas web que infringieran los derechos de autor. Hasta ahora, para conseguir ese cierre hay que seguir el procedimiento judicial ordinario, es decir: presentar la denuncia, esperar a que se celebre el juicio, y confiar en que el juez dicte la orden de cierre de la web. Este sistema, a juicio de los creadores y sus asociaciones, tiene dos problemas: que es muy lento y que, sobre todo, hasta ahora los jueces no les estaban dando la razón, por el simple hecho de que la mayoría de las páginas denunciadas se limitaban a recopilar enlaces a páginas de descargas, y no obtenían beneficio económico alguno ("si no hay lucro, no hay delito", es la doctrina que se ha impuesto en estos casos).

Para solucionar ambos problemas de un plumazo, la Ley Sinde proponía dos cosas: agilizar todo el proceso, para que fuera una cuestión de días en vez de meses (o años), y dejar en manos de una comisión administrativa dependiente del Ministerio el decretar el cierre de esas páginas web que infringen los derechos de autor. Esto es problemático por muchos motivos: en primer lugar, deja en manos de un organismo administrativo ministerial (y no judicial, ni siquiera policial) la potestad para cerrar webs, algo muy cuestionable, y quizás incluso inconstitucional; además, si los jueces habían dictado hasta ahora sentencias favorables a las páginas de enlaces, que por lo tanto no pueden ser consideradas ilegales (por mucho que los periódicos las denominen así), ¿con qué derecho las cerraría esta comisión? ¿Qué derecho tiene el Ministerio a cerrar mañana una página que antes de ayer ha sido declarada no delictiva?

De aprobarse en su formulación actual, por lo tanto, supondría crear un marco legal de indefensión para los creadores o gestores de páginas web (porque sí, esta ley está en principio pensada para atacar a las webs de enlaces, pero nadie asegura que más adelante no pueda ser utilizada para cerrar otras páginas supuestamente vulneradoras de derechos de autor, recordemos, sin necesidad de intervención judicial alguna), una indefensión que sería incomprensible si estuviéramos hablando de un periódico, una editorial o una librería.

Estas son las razones que la mayoría de los internautas (y abogados expertos en derecho intelectual e internet como David Bravo) han alegado para oponerse a la Ley Sinde. Sobre otros motivos más "filosóficos", como la propuesta de abolición de los derechos de autor, o de distribución libre de contenidos culturales, trataremos en la entrada siguiente.